El mercado negro en México no surge de la nada. Los productos ilegales que terminan en las manos del consumidor —cigarros de contrabando, bebidas adulteradas, ropa falsificada, electrónicos o medicinas apócrifas— siguen una ruta bien definida que comienza en grandes contenedores internacionales y termina en la tiendita de la esquina. El camino revela la enorme capacidad logística del crimen organizado, la fragilidad de las aduanas mexicanas y la falta de acción de la autoridad para detenerlo.

“Las bandas de contrabandistas tienen muchos recursos para vulnerar nuestras fronteras. Llega mercancía por Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Altamira, Tijuana, Laredo y hasta por el aeropuerto de la Ciudad de México”, explica Cuauhtémoc Rivera, director de la ANPEC.

Según datos de un estudio del COLMEX, entre 2017 y 2023 el contrabando de cigarros aumentó 240%. Mientras que los decomisos oficiales muestran que las rutas más utilizadas son marítimas, con cargamentos que llegan en contenedores de origen asiático, muchas veces declarados como otro tipo de mercancía.

La ONU ha advertido que el tráfico ilícito de mercancías falsificadas utiliza las mismas rutas que el narcotráfico. “Las mafias aprovechan la infraestructura legal y el comercio internacional para infiltrar productos ilícitos. Sin cooperación entre países es imposible contenerlo”, apunta Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers para América Latina y el Caribe.

Los grandes mercados del país

Una vez dentro de México, la mercancía se concentra en enormes centros de distribución. Rivera menciona ejemplos emblemáticos: Tepito en la Ciudad de México, San Juan de Dios en Guadalajara, La Pulga en Monterrey.

“Desde ahí se organiza el flujo de mercancía que luego se vende a ojos vistos en todos lados, sin castigo alguno”, explica el dirigente de ANPEC.

Estos espacios funcionan como auténticas centrales de abasto de la ilegalidad: bodegas, mayoreo y menudeo se combinan con la venta callejera.

El general retirado Juan Carlos Buitrago, experto en seguridad del comercio legal, detalla que estas redes funcionan como empresas: “Controlan importaciones ilegales, almacenaje, transporte y distribución, todo en paralelo a la economía formal. Es un negocio altamente estructurado, con roles definidos y cadenas de mando”.

La mercancía se traslada en tráileres y camionetas que circulan sin mayor obstáculo en carreteras federales. De las bodegas centrales pasa a nodos más pequeños que abastecen directamente a los mayoristas locales. Estos, a su vez, surten a miles de tienditas y comercios en colonias populares.

En muchos casos, la presión es directa. Rivera señala: “En Culiacán, el crimen organizado impone las marcas de contrabando de cigarros que se venden e impide que se comercialicen los legales. En Guerrero ocurre con pollo, huevo, cerveza o tortillas. Ellos dictan las reglas de qué marcas se venden y a qué precio”.

Los tenderos, bajo amenaza, no tienen alternativa: aceptan la mercancía o enfrentan represalias. Así, los productos ilícitos terminan compitiendo de manera directa en el mercado legal.

El consumidor final: atraído por el precio

El último eslabón de la cadena es el consumidor, que en muchos casos desconoce el origen ilegal de lo que compra. Para quienes tienen bajo poder adquisitivo, el precio es la variable determinante.

El estudio del COLMEX muestra que en ciudades como Guadalajara, el consumo de cigarros ilegales pasó de 10.6% en 2017 a 23.9% en 2023.

Los precios lo explican: mientras una cajetilla legal puede costar 70 pesos, una de contrabando se vende en 30 o 40 pesos.

“El margen es brutal. Un producto que cuesta 25 centavos en el mercado negro puede venderse en un peso en el legal. Ese 75% de ganancia es un incentivo irresistible para los criminales”, subraya Rivera.

La clave de este engranaje es la corrupción. “Sin complicidad de aduanas, policías y gobiernos locales sería imposible sostener este mercado”, afirma Buitrago.

El Observatorio Nacional Ciudadano coincide: no existe una política integral contra la extorsión y el contrabando. Las aduanas carecen de controles efectivos, las denuncias no prosperan y, en muchos casos, las propias autoridades se benefician del negocio.

Campos lo sintetiza: “El crimen organizado no reconoce fronteras, pero nuestras autoridades sí. Esa desventaja hace que los grupos criminales operen con libertad”.

El impacto de esta dinámica va más allá de la economía informal. Se calcula que el comercio ilegal de cigarros, solo en 2021, implicó pérdidas fiscales por 13,500 millones de pesos. Pero también se traduce en productos de baja calidad o adulterados que dañan la salud de los consumidores.

Fuente: Del puerto a la tiendita: la ruta de la mercancía ilegal en México